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martes, 26 de junio de 2012

CULTURA, POLÍTICA. RELACIÓN CONFLICTIVA


CARTA ENTREGADA A LOS CUATRO CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MEXICANA

A los candidatos a la Presidencia de la República:

Quien resulte ganador de la elección presidencial tendrá la impostergable responsabilidad y la obligación de dar un giro a la política cultural en México.
La cultura no tiene partido y es un derecho de todos los mexicanos de acuerdo con la reforma constitucional de 2009. Es motor de bienestar, fuente de identidad, otorga sentido de pertenencia y es un factor esencial para la gobernabilidad y para restablecer el tejido social en un país lastimado por la violencia.
Ante el inaceptable silencio de las campañas electorales respecto a la cultura, exigimos a quien asuma la Presidencia de la República, el cumplimiento de los siguientes compromisos mínimos:
1.    Incluir a la cultura y las artes dentro del Plan Nacional de Desarrollo como un tema común y articulado en los planes sectoriales de educación, desarrollo social, economía, salud, turismo, medio ambiente, comunicación, seguridad pública y relaciones internacionales como lo señala la Ley de Planeación reformada el pasado 27 de enero de 2012.
2.    Respetar escrupulosamente las culturas y la diversidad lingüística de los pueblos autóctonos u originarios, comunidades y de las culturas populares y reconocer sus derechos a gestionar su patrimonio cultural, para lo cual es necesario la creación de fondos de inversión e innovación y una legislación que les otorgue personalidad jurídica que les permita su defensa y aprovechamiento. Esto es un factor de justicia social.
3.    Asumir que la cultura es también un sector productivo, y por ello debe tener acceso a créditos, estímulos económicos y fiscales diseñados de acuerdo con sus propias características, atendiendo prioritariamente a los colectivos juveniles, a la micro, pequeña y mediana empresa y organizaciones culturales civiles. La muy diversa industria cultural puede generar mayores dividendos sociales y económicos si se le da acceso a nuevas formas de gestión, a redes internacionales de intercambio, coproducción y cooperación; es decir, si se propicia la intervención de diversos actores culturales, y el gobierno deja de ser el único (o muy principal) promotor en este ramo. El Estado debe invertir en cultura, pero sobre todo, ser facilitador de la participación de otros agentes.
4.    Poner fin a la discrecionalidad en la distribución de fondos públicos para la cultura y las artes, definiendo reglas claras para el financiamiento público de instituciones, entidades federativas y sociedad civil, a partir de criterios de descentralización, inclusión y beneficio social.
5.    Proponer los cambios legislativos y tomar las medidas necesarias para incluir la educación artística, digital y audiovisual en el sistema educativo nacional y el uso cultural de los medios de comunicación.
6.    Diseñar estrategias de promoción, difusión y fomento de la cultura y las artes a nivel internacional acordes a la política cultural de Estado y crear nuevas estrategias de promoción cultural, acordes a los cambios que demanda el avance tecnológico.
7.    Impulsar la reforma de las instituciones públicas encargadas de las políticas culturales y que hoy consumen la mayor parte de los recursos en gasto burocrático y diseñar un sistema de planeación y evaluación que permita tener indicadores de desempeño e impacto social.
8.    Fortalecer y ampliar políticas de fomento a las diversas ramas y actividades del sector, que estimulen la inversión pública y privada, al igual que la creación de fundaciones, colecciones, instituciones, centros culturales juveniles y otras pequeñas iniciativas  no gubernamentales o mixtas, que brinden beneficios colectivos y comunitarios en este campo.
9.    Crear programas de formación en gestión, administración y comunicación cultural para responsables del sector a nivel federal, estatal y municipal así como para organizaciones culturales y artísticas.
10.  Tener claro que quien dirija la institución rectora del sector, deberá tener la capacidad para articular una política pública de Estado, fincada en el diálogo con las comunidades culturales, instituciones y empresas, tomando en cuenta experiencias locales e internacionales exitosas. Esta persona deberá tener experiencia probada en su quehacer, contar con una visión amplia, desprejuiciada e incluyente del inacabable terreno de nuestra cultura, y gozar del respeto de los protagonistas de estos procesos.

http://10compromisospoliticacultural.blogspot.mx

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